A cinco décadas del secuestro de diez estudiantes secundarios en La Plata, el aniversario vuelve a convocar a escuelas y organismos de derechos humanos a repasar una historia que la memoria colectiva no deja apagar.
16 de septiembre, 1976 — 2026
por Nicolás Mazzoni
En septiembre de 1976, mientras la última dictadura cívico-militar completaba su primer semestre en el poder, la represión estatal entró de lleno en los pupitres de las escuelas secundarias de La Plata. Diez estudiantes fueron arrancados de sus casas en distintos operativos, torturados en centros clandestinos y, en seis de los diez casos, jamás devueltos a sus familias. Aquellos hechos —ocurridos entre el 15 y el 23 de septiembre de ese año— pasaron a la historia argentina bajo un nombre que combina la inocencia de un útil escolar con el horror de lo que realmente sucedió: la Noche de los Lápices.
Para entender por qué un grupo de chicos de entre 16 y 18 años terminó en la mira de la inteligencia militar, hay que mirar un poco antes del golpe de Estado de marzo de 1976. Durante 1975, estudiantes nucleados en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y otras agrupaciones platenses habían reclamado ante el Ministerio de Obras Públicas un beneficio muy concreto: el boleto estudiantil, un descuento en el transporte urbano que aliviaba el bolsillo de miles de familias. Lo consiguieron. Pero apenas unos meses después de la instauración de la dictadura, en agosto de 1976, ese boleto fue suspendido.
Según el testimonio de uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, la medida no fue casual: sirvió como excusa para que la inteligencia militar identificara, escuela por escuela, quiénes eran los estudiantes que se movían, organizaban y discutían. Otros sobrevivientes, como Emilce Moler, relativizan esa conexión directa; lo que ambas miradas coinciden en señalar es que la sola actividad estudiantil —participar de un centro de estudiantes, discutir en una asamblea, repartir un volante— alcanzaba para ser fichado como un enemigo a neutralizar.
Entre el 15 y el 21 de septiembre de 1976, grupos de tareas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires —bajo el mando del general Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz— irrumpieron de noche en distintas casas de La Plata a bordo de los temidos Ford Falcon sin patente. Los operativos respondían a órdenes de detención libradas por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, firmadas por el comisario general Alfredo Fernández y el coronel Ricardo Campoamor.
En los legajos, cada uno de esos adolescentes figuraba con el mismo y perturbador dato: grado de peligrosidad mínimo.
No eran, para sus propios captores, una amenaza real. Fueron secuestrados de todos modos, con los ojos vendados, y llevados a centros clandestinos de detención como el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y varias comisarías platenses, donde fueron sometidos a torturas durante días. El 23 de septiembre, una parte del grupo fue trasladada a la Brigada de Investigaciones de Banfield; allí, tras la lectura de una lista con sus nombres, varios de ellos bajaron de los camiones para no ser vistos nunca más.
De los diez estudiantes secuestrados, seis continúan desaparecidos medio siglo después. Se presume que fueron fusilados a comienzos de enero de 1977, aunque sus restos nunca fueron hallados.
Continúan desaparecidos
Claudio de Acha
María Clara Ciocchini
María Claudia Falcone
Francisco López Muntaner
Daniel Racero
Horacio Ungaro
Los otros cuatro —Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler— sobrevivieron a los traslados y las torturas, y con el tiempo se convirtieron en la voz que sostiene la memoria de sus compañeros. Sus nombres, hoy, dan nombre a escuelas, plazas y programas de derechos humanos en distintos puntos del país.
Durante casi una década, la Noche de los Lápices permaneció en la memoria de las familias platenses sin alcanzar la notoriedad nacional que tiene hoy. Eso cambió en 1985, cuando Pablo Díaz prestó testimonio ante la Cámara Federal en el histórico Juicio a las Juntas, relatando con precisión lo que había vivido. Un año después, en 1986, a punto de cumplirse una década de los hechos, el director Héctor Olivera estrenó la película que llevó el nombre del episodio al resto del país y lo instaló como uno de los símbolos más reconocibles del terrorismo de Estado contra los más jóvenes.
Lo ocurrido en 1976 no quedó encerrado en los libros de historia: se transformó en una fecha viva del calendario escolar argentino. La provincia de Buenos Aires, mediante la Ley 10.671, y la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Ley 29, establecieron el 16 de septiembre como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario, con la obligación de dedicar ese día a hablar de democracia y derechos humanos en las aulas. En Bahía Blanca, desde 1995, la Plaza de los Lápices recuerda con seis placas de hormigón a quienes no volvieron. En La Plata hay baldosas de memoria en las esquinas donde fueron secuestrados, un mural pintado colectivamente por estudiantes y docentes, y escuelas que llevan hoy el nombre de María Claudia Falcone.
En 2026, cuando se cumplen 50 años de aquella noche, el aniversario vuelve a movilizar a escuelas, universidades y organismos de derechos humanos de punta a punta del país, con actos, muestras, obras de teatro y jornadas de reflexión que renuevan la misma pregunta que se hicieron las familias hace cinco décadas: cómo sostener la memoria de una generación que fue perseguida por el simple hecho de involucrarse con el mundo que le tocaba vivir. Recordar la Noche de los Lápices, medio siglo después, sigue siendo una manera de afirmar que los derechos de los estudiantes —a organizarse, a opinar, a soñar con cambiar algo— no son un riesgo a vigilar, sino una parte esencial de crecer en democracia.
Fuentes: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Informe Nunca Más; testimonios judiciales del Juicio a las Juntas (1985); legislación provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el Día de los Derechos del Estudiante Secundario.
